Los llamamientos a reducir el ritmo de desarrollo de la inteligencia artificial han llegado a los tribunales. Lo curioso es que llega de la mano de cuatro usuarios particulares. Estos han presentado una demanda colectiva ante el Tribunal de Distrito del Norte de California contra OpenAI, Anthropic, Google y SpaceXAI. La acción judicial sostiene que las empresas han vulnerado las leyes antimonopolio de Estados Unidos al pactar una ralentización coordinada en sus respectivos modelos.
Los demandantes pagan cuotas mensuales en servicios como ChatGPT, Claude, Grok y Gemini. En su escrito argumentan que este acuerdo reduce el valor del servicio que reciben los clientes. Sin duda, no se puede negar que el enfoque es interesante.
La acusación defiende que los competidores no pueden sustituir la responsabilidad individual por restricciones colectivas que limitan la innovación. El abogado principal del caso, Nick Rowley, afirmó que la seguridad no puede quedar en manos de pactos privados entre corporaciones con ánimo de lucro.
La ralentización de la IA presentada con un pacto a cuatro bandas
La denuncia sitúa el momento clave de esta coordinación el pasado 12 de septiembre. Ese día, Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, publicó un ensayo donde solicitaba rebajar el ritmo de desarrollo en favor de medidas de seguridad. Pocas horas después, Sam Altman de OpenAI, Elon Musk de SpaceXAI y Demis Hassabis de Google DeepMind expresaron públicamente su respaldo a la propuesta.
El texto legal añade que varios empleados de alto rango de estos laboratorios ya firmaron en julio una declaración conjunta. En ese documento reconocían la existencia de una intensa presión competitiva que les impedía frenar de manera unilateral. La demanda argumenta que un acuerdo entre rivales directos para avanzar más despacio de lo que generaría la libre competencia perjudica de forma directa al usuario.
Ya os explicamos que, aunque OpenAI, Anthropic y Musk apoyaban frenar el avance de la IA, Washington rechazaba intervenir para evitar perder ventaja frente a China. En su propuesta inicial, Amodei reconoció que estas conversaciones requerían una exención de las normas antimonopolio por parte del gobierno federal.
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Los demandantes reclaman que el caso represente a todos los suscriptores de estos servicios en territorio estadounidense.
