La asociación medioambiental Halte à l’Obsolescence Programmée (Stop Planned Obsolescence) ha anunciado esta semana que cuatro grandes fabricantes de impresoras se enfrentan a juicios en Francia por haber limitado deliberadamente el período de vida de sus equipos.
La asociación presentó la demanda ante la Corte de la República de Nanterre, en conformidad con una nueva legislación introducida por el Gobierno francés en el 2015 con el fin de garantizar que los equipos domésticos sean más duraderos. Se trata del primer caso en ser presentado como resultado de esta nueva ley.
Como resultado de la nueva ley, los ejecutivos de cuatro fabricantes de impresoras se enfrentan a una sentencia máxima de dos años en prisión y unas multas de hasta 300.000 euros en caso de ser encontrados culpables. Además, las compañías podrían ser multadas con pagar un 5% de los ingresos promedios anuales que recibieron a lo largo de los últimos tres años.
Según la asociación medioambiental francesa, tanto HP como Canon, Epson y Brother “han incumplido la ley al animar a los consumidores a comprarse nuevas impresoras en lugar de prolongar las vidas de sus antiguas impresoras”.
“La asociación fue alertada por numerosas personas escandalizadas por la corta vida de sus impresoras y cartuchos. Tenemos razones para creer que este es un auténtico problema”, declaró Laetitia Vasseur, la fundadora de la asociación.
Según la misma demanda, Epson es una de las compañías que peor han obrado en este aspecto, ya que los cartuchos para sus impresoras fueron programados para dejar de funcionar cuando queda un 20% de tinta en su interior, además de que los precios de los depósitos de tinta suelen ser igual o incluso mayor que el de una nueva impresora.
Por otro lado, Stop Planned Obsolescence también denunció el continuo incremento del precio de los cartuchos, que suelen costar hasta el doble que un perfume Chanel No 5.
Hasta la fecha, Epson, Brother y HP no dijeron nada sobre la nueva demanda, mientras que Canon aseguró que cooperaría con las autoridades con el fin de ayudar al “crecimiento económico sostenible del sector”.
Quedará por verse cuál es la decisión de la fiscalía y cuál será la acción que se tomará.
Fuente: The Recycler
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