Google ha perdido una de sus batallas regulatorias más importantes en Europa. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha confirmado la multa de 4.100 millones de euros por las prácticas de la compañía en torno a Android. Con esta decisión, el máximo órgano judicial europeo cierra la vía de recurso de Google y da por buena la sanción revisada que ya había fijado una instancia inferior en 2022.
El origen del caso se remonta a 2018. Entonces, la Comisión Europea impuso a Google una sanción récord por considerar que había abusado de la posición dominante de Android en el mercado móvil. Según Bruselas, la compañía utilizó acuerdos de preinstalación con fabricantes de smartphones para favorecer sus propias aplicaciones y servicios, en especial en búsqueda y navegación, y limitar así la competencia dentro del ecosistema.
La multa inicial ascendía a 4.340 millones de euros, aunque después fue rebajada a 4.100 millones. Aun así, el golpe seguía siendo histórico. Google recurrió esa decisión y defendió durante todo el proceso que Android ha dado más opciones a usuarios, desarrolladores y empresas. También recordó que desde 2018 adaptó varios de sus acuerdos para responder a las exigencias de la Comisión y facilitar, por ejemplo, la elección de buscador o navegador en los dispositivos Android.
La respuesta del tribunal ha sido clara. La corte desestima el recurso de Google y Alphabet y confirma la sanción por sus prácticas anticompetitivas relacionadas con Android. Es decir, Europa entiende que el modelo usado durante aquellos años sí sirvió para consolidar de forma injusta la posición de Google en el móvil. Tras conocerse la sentencia, Alphabet llegó a caer en la negociación previa a la apertura de Wall Street.
Esta resolución sirve para recordar que la Comisión Europea lleva más de una década persiguiendo a Google por distintos frentes de competencia. El expediente de Android fue uno de los más visibles, pero no el único. El año pasado, por ejemplo, la compañía recibió otra multa multimillonaria vinculada a su negocio de tecnología publicitaria. De este modo, Bruselas cierra una fase en la que usó sobre todo el derecho de la competencia para intentar frenar el poder de las grandes plataformas.
Ahora el foco está cambiando. La Unión Europea cuenta con nuevas herramientas legislativas, como la Ley de Mercados Digitales y la Ley de Servicios Digitales. Y es ahí donde se está desplazando gran parte de la presión regulatoria sobre compañías como Apple, Meta o la propia Google. En otras palabras, el caso Android representa el final de una etapa más judicial y el comienzo de otra más preventiva y estructural.
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Asimismo, este tipo de decisiones sigue tensando la relación entre Europa y Estados Unidos. La regulación europea sobre las tecnológicas estadounidenses genera fricción política desde hace años. Donald Trump ya ha criticado en varias ocasiones la presión regulatoria y fiscal sobre las empresas norteamericanas. Ese contexto añade una lectura geopolítica a una sentencia que, en apariencia, trata solo sobre móviles, apps preinstaladas y competencia en Android.
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